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Defensa de Nicolás Grau pide declarar inadmisible acusación constitucional y niega daño fiscal

La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresó al Congreso su respuesta a la acusación constitucional en su contra, rechazando haber provocado un deterioro en las cuentas fiscales y asegurando que el libelo “carece de todo sustento jurídico”.

El documento, presentado la noche del lunes 15 de junio, consta de 161 páginas y expone los argumentos con los que se solicita rechazar la acusación o, en su defecto, declararla inadmisible.

En el escrito, Grau cuestiona uno de los ejes centrales de la acusación: el supuesto aumento de la deuda pública por sobre el 45% del PIB. “Se me imputa haber causado un daño ‘presente, medible y de larga proyección’ por una deuda que superaría ese umbral, pese a que en 2025 cerró en 41,5% del PIB, disminuyendo por primera vez en casi 20 años”, señala.

Asimismo, la defensa refuta la proyección de un incremento de US$10.500 millones en el endeudamiento entre 2026 y 2030. “Es una imagen poderosa, pero no ha sido refrendada por ningún organismo multilateral ni por clasificadoras de riesgo”, sostiene.

El exsecretario de Estado también argumenta que la acusación se sustenta en una premisa no acreditada. “Si esa base no está probada —y no lo está—, las conclusiones que se derivan no solo configuran un escenario fiscal catastrofista, sino que además carecen de sustento jurídico”, afirma.

En esa línea, recalca que una acusación constitucional exige establecer un vínculo directo entre la conducta del acusado y el daño imputado. “No basta con señalar proyecciones económicas desfavorables; es indispensable acreditar el nexo causal”, subraya.

Cuestionamiento al cálculo fiscal

Uno de los puntos centrales de la defensa apunta al cálculo de la supuesta “omisión” de US$10.500 millones. Según el documento, los acusadores incurren en un error técnico al asumir que cualquier variación del déficit fiscal debe reflejarse íntegramente en la deuda pública.

La defensa explica que ambos indicadores no evolucionan necesariamente de forma paralela, debido a factores como el tipo de cambio y otros elementos asociados al denominado “ajuste flujo-stock”.

Como ejemplo, se menciona que en 2021 ya se observó una diferencia cercana a US$17.600 millones entre la evolución del déficit acumulado y la deuda proyectada. “Si esa discrepancia constituyera una irregularidad, habría que concluir lo mismo respecto de ese episodio, lo que nunca ocurrió”, argumenta.

Advertencia institucional

El escrito también advierte sobre las implicancias institucionales del libelo. A juicio de Grau, utilizar diferencias entre informes técnicos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), elaborados bajo distintas administraciones, como fundamento para una destitución “representaría un retroceso de enorme gravedad”.

“Esto no solo me afectaría a mí, sino a cualquier autoridad o funcionario que deba tomar decisiones fiscales en contextos de incertidumbre, bajo el riesgo de que futuras discrepancias sean interpretadas como causales de acusación”, añade.

En esa línea, recuerda que la Contraloría General de la República ya se pronunció sobre cuestionamientos a proyecciones fiscales, descartando infracciones por parte de quienes las elaboraron. “Resulta improcedente atribuir responsabilidad al ministro, quien no participa directamente en su confección”, sostiene.

Solicitud de inadmisibilidad

Finalmente, Grau solicita que se acoja la cuestión previa y se declare inadmisible la acusación. Argumenta que el libelo no presenta una exposición clara ni precisa de los hechos imputados, y que se basa en referencias genéricas a deberes de supervisión.

Además, critica el uso reiterado de formulaciones condicionales y presuntivas en los cuatro capítulos acusatorios. “El libelo carece de un estándar mínimo de fundamentación y no desarrolla una argumentación jurídica suficiente para configurar una infracción constitucional o legal”, concluye.

Esta noticia aparece primero en: El Periodista

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